El pasado lunes 24 de julio de 2023, treinta y tres hombres mayores de edad fueron detenidos por el supuesto de «tener sexo grupal en un local privado». Pero no se trata de volver a narrar los hechos, porque está más que claro que esta detención representa una violación flagrante de los derechos individuales, ya que no existe ninguna ley en Venezuela que prohíba la homosexualidad ni las relaciones sexuales entre adultos de forma consensuada.
El énfasis de haber comenzado este artículo con la fecha se posa en la singularidad del año. Un recordatorio de que a pesar de estar en 2023, nuestra sociedad involuciona y retrocede en muchos aspectos, llegando a la Inquisición y la cacería de brujas, donde la intimidad es puesta bajo el implacable escrutinio de los moralistas.
La homofobia es una preocupante realidad y la evidencia señala que sigue formando parte de la sociedad venezolana. A pesar de los mínimos avances legislativos para proteger los derechos de la comunidad LGBTIQ+, persisten actitudes y prejuicios discriminatorios que afectan a individuos por su orientación sexual o identidad de género. Este caso destapó el hecho de que, lamentablemente, algunos funcionarios parecen actuar desde sus prejuicios personales, desafiando las leyes. ¿Quién diría que en pleno siglo XXI estaríamos reviviendo escenas de estigmatización y persecución de la vida colonial? Es como si la evolución social y el respeto por los derechos humanos hubieran quedado en pausa, mientras nos deleitamos con una retrospectiva de la Venezuela de 1600.
La violación de la privacidad de la que fueron partícipes algunos medios de comunicación que publicaron, a través de las redes sociales, fotos y nombres de los imputados, fue un viaje al pasado, un ácido giro de la historia, donde algunas prácticas han decidido resurgir. Ahora, con solo un clic, podemos revivir el encanto medieval de exponer a las personas en la plaza pública digital. ¡El desafío de ser juzgado por una horda de desconocidos desde la comodidad del sofá!
¿Donde quedan los valores profesionales de la responsabilidad social y la integridad de todos los ciudadanos?
Muchas personas, a través de las redes, no han escatimado en hacer las burlas respectivas. Quienes comentan se presentan como defensores acérrimos de la «libertad de expresión”, “la democracia” y ser “hijos de Dios…” mientras desatan sus ingeniosos comentarios que degradan y pisotean la dignidad humana.
Pero el espectáculo de las ilegalidades no termina. La carencia de argumentos verdaderamente sólidos para justificar los hechos, ha provocado que se inventen más fundamentos que incurren en más irregularidades, como el hecho de acusar a uno de los imputados de vivir con VIH. La infección por VIH es una condición y no constituye un delito. Estos arqueólogos sociales han encontrado en la oscuridad del pasado su guía para difamar incluso, a quienes enfrentan desafíos de salud.
Pero esta surrealista historia se extiende. “La posesión de condones forma parte del cuerpo del delito.” Protegerse y cuidar la salud es ahora motivo de escarnio y vergüenza.
Han pasado días desde lo sucedido y continúa el silencio de parte de los entes que abogan por los derechos humanos. El resultado: 33 hombres expuestos injustamente, arrastrados por la marea de la estigmatización. La sombra de la vergüenza se cierne sobre ellos. Su privacidad es invadida y su dignidad despojada, dejándolos vulnerables. En el horizonte se extiende una sombra de incertidumbre para aquellos que pertenecen al colectivo LGBTIQ+ en Venezuela. La lucha por la igualdad y el respeto se torna más desafiante en un contexto donde la diversidad es cuestionada y los derechos fundamentales parecen desdibujarse.
¿Qué otros eventos nos aguardan a partir de este momento? ¿Cómo moldeará este acontecimiento el futuro del colectivo LGBTIQ+ en Venezuela?
Por: Elías El Hage