La situación de las personas privadas de libertad a nivel mundial enfrenta retos complejos que requieren una atención urgente y comprometida desde una perspectiva de derechos humanos. En diversas regiones, los centros de detención operan muy por encima de su capacidad, generando graves condiciones de hacinamiento que afectan directamente la dignidad y el bienestar de los internos. La falta de recursos suficientes y de infraestructura adecuada limita el acceso a servicios de salud, dejando a muchas personas en reclusión expuestas a enfermedades prevenibles y a condiciones de salud no atendidas. Este panorama se intensifica en países con sistemas penitenciarios sobrecargados, donde la respuesta sanitaria y el personal médico especializado son limitados, creando un escenario de vulnerabilidad y riesgo para la población privada de libertad.
Desde una perspectiva de reintegración, el acceso a programas de rehabilitación y apoyo psicosocial es insuficiente en la mayoría de los sistemas penitenciarios del mundo, con pocas oportunidades de educación, capacitación laboral y acompañamiento psicológico que favorezcan una reintegración social efectiva. Además, en algunos contextos, los internos enfrentan dinámicas de violencia y control interno que limitan aún más su seguridad y posibilidades de preparación para la vida en libertad. Ante este contexto, es esencial promover políticas que reconozcan los derechos de las personas en reclusión y garanticen condiciones de vida dignas. Para organizaciones de derechos humanos, esto implica avanzar hacia una reforma estructural que permita un enfoque integral, basado en el respeto a los derechos y la rehabilitación, contribuyendo a la reducción de la reincidencia y al fortalecimiento de comunidades más inclusivas y pacíficas.




Once Trece está comprometido con la mejora de la salud y el bienestar de las personas privadas de libertad en Venezuela, una población que vive en condiciones de gran vulnerabilidad.
Como organización, hemos tenido la oportunidad de intervenir en centros de detención preventiva en Venezuela, con el consentimiento y respaldo de los organismos del Estado. Este apoyo ha facilitado un marco de cooperación que nos permite actuar con respeto y eficacia, favoreciendo el acceso a los centros y promoviendo mejoras en la atención de las personas privadas de libertad. La colaboración estatal ha sido esencial para cumplir nuestra misión de defender la dignidad y los derechos humanos en estos contextos, abordando tanto necesidades de salud como iniciativas de reintegración social que contribuyen a una convivencia más justa y humana.
En el país, las condiciones en los centros penitenciarios son un reflejo de los retos propios de espacios con limitados recursos, donde el hacinamiento y el acceso restringido a servicios básicos presentan dificultades para mantener estándares de higiene y salubridad. En este contexto, la posibilidad de propagación de enfermedades como la tuberculosis (TBC) y otras infecciones vinculadas a la falta de condiciones óptimas de higiene y atención médica es alta. Las celdas, originalmente diseñadas para un número específico de personas, frecuentemente albergan una mayor cantidad, lo que dificulta el mantenimiento de condiciones mínimas de salud y privacidad.
Frente a esta realidad, Once Trece contribuye con atención médica integral, educación en salud y programas de prevención, centrando sus esfuerzos en la detección y tratamiento de TBC y otras infecciones. Mediante jornadas de salud, distribución de insumos médicos y educativos, y estrategias preventivas, trabajamos para asegurar que las personas privadas de libertad accedan a recursos de salud esenciales, promoviendo un enfoque basado en derechos humanos que aspire a mejores condiciones de vida dentro de estos espacios.
Muchas de las intervenciones se realizaron en colaboración con la organización UVAL (Una Ventana a la Libertad), que facilitó los enlaces necesarios para impulsar estas actividades. Esta alianza permitió articular esfuerzos y ampliar el alcance de nuestras jornadas de salud en los centros penitenciarios. En varios casos, los propios organismos estatales contactaron a Once Trece para establecer una colaboración con su personal de salud, creando una sinergia en la vinculación al sistema de salud pública de personas privadas de libertad que requieren tratamientos especiales. Este esfuerzo conjunto ha sido clave para atender, por ejemplo, a aquellos que viven con VIH, asegurando que puedan acceder a los tratamientos necesarios de forma continua y digna.